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Si bien no es tan lucrativo como la minería ilegal, el tráfico de vida silvestre sigue siendo un negocio multimillonario.

Cada día, aves, reptiles, anfibios, felinos y primates son arrebatados de sus hábitats naturales para ser vendidos en los mercados urbanos nacionales o a comerciantes de todo el mundo. Los monos son sacados de la selva para usarlos en experimentos científicos. Los perezosos adornan las fotos de los turistas, y muchas otras criaturas son cazadas ya sea para convertirlas en mascotas, consumirlas por sus supuestas propiedades medicinales, ser usadas en rituales religiosos, o bien para satisfacer los caprichos del comercio de la moda.

A pesar de ser un negocio altamente lucrativo de alcance transnacional, el tráfico de vida silvestre no ha podido atraer suficiente atención de las autoridades colombianas, que se muestran más preocupadas por la lucha contra los carteles de la droga.

“Los jueces prefieren meter a alguien en la cárcel por narcotráfico o minería ilegal que por llevar un loro en su bolso”, afirma Fernando Trujillo, director científico de la Fundación Omacha, una ONG conservacionista ubicada en Colombia.

La región Amazónica del país alberga una gran parte de las 50.000 especies animales presentes en Colombia. A pesar de que muchas de estas especies están protegidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), esto no ha impedido que la región se convierta en un centro de captura ilícita de vida silvestre, con el objetivo de abastecer los mercados nacionales e internacionales.

Según un reciente informe publicado por el medio Semana Sostenible, en conjunto con el Instituto Humboldt, estas son las 10 especies más traficadas en Colombia: 1) la tortuga hicotea (Trachemys callirostris), 2) la tortuga morrocoy, o tortuga patas rojas (Chelonoides carbonaria), 3) la iguana (Iguana iguana), 4) el periquito bronceado (Brotogeris jugularis), 5) la lora común (Amazona ochrocephala), 6) la cotorra cheja (Pionus menstruus), 7) la ardilla de colaroja (Notosciurus granatensis), 8) el tití gris (Sanguinus leucopus), 9) el mico maicero (Cebus albifrons), 10) las ranas venenosas (Dendrobatidae spp.). Todas estas se pueden encontrar en la Amazonía colombiana, a excepción de la ardilla de cola roja. Y los traficantes están al tanto, ya que saquean los bosques de la región en busca de estas especies.

Otras criaturas que viven en toda la región también han llamado la atención de los traficantes. En límites de la Amazonía y los Llanos Orientales, la tortuga Matamata (Chelus fimbriata) es traficada masivamente desde el departamento de Vichada hasta los mercados de la triple frontera Amazónica, donde la ciudad de Leticia se conecta con Perú y Brasil. Las tortugas son contrabandeadas a través de esta frontera poco vigilada y son llevadas a Perú, donde se venden más fácilmente.

Por esta zona fronteriza colombiana también se trafican otros animales, sin mayores obstáculos. Los peces ornamentales —que son apetecidos por el comercio internacional de acuarios debido a sus curiosas formas y atractivos colores— son contrabandeados por la zona fronteriza hacia Colombia. El pleco cebra (Hypancistrus zebra) y la raya del río Xingú, o raya de agua dulce (Potamotrygon leopoldi) son traficados desde Brasil y comercializados a través de redes criminales y empresarios corruptos utilizando empresas fachada.

En la Amazonía colombiana, el uso y consumo medicinal de especies silvestres nativas de la región es parte integral de la vida cotidiana de las comunidades locales. Pero esto ha abierto la puerta a un tráfico oportunista que, a pesar de su falta de organización, contribuye a una pérdida constante de biodiversidad. En 2020, WWF informó que 407 especies de Colombia están en peligro de extinción, muchas de las cuales son nativas de la región Amazónica.

El tráfico de vida silvestre desde dentro: cómo opera este mercado

Al igual que la tala ilegal y los cultivos ilícitos, el tráfico de vida silvestre en la Amazonía colombiana se desarrolla en tres fases principales: extracción, transporte/transformación y comercialización.

En primer lugar, los miembros de las comunidades locales, que conocen mejor el terreno, son contactados para cazar o capturar especies de fauna nativas de la Amazonía colombiana. En muchos casos, esta etapa es bastante oportunista. Si un habitante de la región que se encuentra cuidando sus cultivos o caminando en los alrededores se topa con un animal que se sabe que es apetecido por los traficantes, es posible que lo capture porque sabe que podrá venderlo fácilmente más tarde.

Entonces, el animal se somete a un rudimentario “proceso de transformación”. Si muere en el intento de captura, es posible que sea despellejado o que se le extraigan sus colmillos o sus garras. Animales como los jaguares (Panthera onca) o diversas especies de primates son solo algunos ejemplos de criaturas populares entre los traficantes para estos fines. Las partes del animal que no son útiles para el vendedor generalmente se desechan.

Luego, ya sea viva o muerta, la criatura es sacada de la región. Al igual que en el comercio ilícito de madera, los animales capturados de manera ilegal son “blanqueados” o alterados —es decir, se ocultan los orígenes de los especímenes capturados ilegalmente— mediante el uso de documentación legal rellenada con datos inexactos. Esto es para que puedan ser comercializados en puntos de venta legales.

Por ejemplo, una granja de cría legal en la Amazonía colombiana puede contar con una sede que la abastece de especímenes capturados ilegalmente. Este tipo de negocios usan permisos que ya poseen, con el fin de hacer pasar a los animales capturados ilegalmente como si fueran de origen legal, como cuentan Claudia Brieva, profesora especializada en vida silvestre, salud y bienestar animal de la Universidad Nacional de Colombia, y Carlos Andrés Galvis Rizo, biólogo jefe de conservación del zoológico de Cali.

Finalmente, se vende el animal (o sus partes). Lo que suceda a continuación depende de si los especímenes en cuestión están vivos o muertos. Clara Lucía Sierra y Giovanni Andrés Ulloa Delgado, dos expertos en conservación de vida silvestre, dicen que las especies vivas son llevadas directamente a carreteras o mercados locales, que a menudo se encuentran en la misma región Amazónica.

Algunos animales (o productos hechos de sus partes) se venden en puntos de venta locales. Otros son llevados a la zona fronteriza de Leticia, donde atraviesan rutas aéreas, terrestres o fluviales para llegar a los mercados internacionales y nacionales. También, según Fernando Trujillo, son adquiridos por laboratorios nacionales e internacionales dedicados a la experimentación animal, o bien sea por criaderos o empresas turísticas.

Por otro lado, estas criaturas se comercializan a través de redes sociales como WhatsApp y Facebook, que tienen tal alcance que, por ejemplo, una tortuga que un día está en su hábitat en el Amazonas puede ser capturada y vendida como mascota exótica en un mercado urbano internacional solo unas semanas después.

A la caza de los captores: los actores involucrados en el tráfico de vida silvestre

A diferencia de otros delitos ambientales, el tráfico de vida silvestre opera de manera ambigua y, a veces, mal organizada. Aunque existen sofisticadas redes criminales y traficantes dedicados exclusivamente a esta actividad, el comercio ilegal de vida silvestre en Colombia es perpetrado en gran medida por el tráfico oportunista realizado por tramperos locales, que a menudo son miembros de comunidades indígenas o habitantes de la región.

Los actores involucrados se dividen en tres categorías generales que hemos denominado redes criminales/emprendedores, mano de obra y los facilitadores/actores legales. El rol de los facilitadores/actores legales en el tráfico de vida silvestre será abordado en la sección de corrupción.

Redes criminales/emprendedores

Las redes criminales son estructuras intermedias que venden especímenes y productos animales en los mercados urbanos nacionales e internacionales. A nivel nacional, utilizan redes sociales como WhatsApp y Facebook para evitar el comercio en lugares públicos como tiendas de mascotas, donde las autoridades vigilan de cerca.

A nivel internacional, a menudo trafican animales en condiciones deplorables. Igualmente, emprendedores criminales conocidos como “exportadores” utilizan negocios legales en los que pueden ocultar la procedencia de los animales capturados ilegalmente.

Las redes criminales que no poseen este tipo de medios, contrabandean los animales utilizando medios rudimentarios. Los animales son transportados al extranjero en condiciones deplorables: sin oxígeno, en espacios abarrotados y a bajas temperaturas. Por eso muchos de los animales mueren en el trayecto.

Estas redes transportan loros vivos a Brasil, Estados Unidos y España, entre el equipaje de los pasajeros u ocultos en su ropa. Los reptiles vivos son traficados dentro de bolsas y botellas de plástico, y las especies marinas son transportadas muertas en paquetes.

Por otra parte, los “exportadores” poseen empresas jurídicas dedicadas al comercio de pescado, otras especies y sus subproductos (como pieles). Las utilizan para traficar y vender fauna viva o productos de origen animal de manera ilegal.

Un exfuncionario de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), organismo responsable de monitorear la exportación legal de especies acuáticas, estima que los exportadores “pueden ganar hasta US$10 millones [mediante la creación de una sola empresa comercial], sin que ninguno de los peces que envían al extranjero sea rastreado”.

Los exportadores suelen estar afiliados a las élites políticas y económicas, o pertenecen a ellas. Según los expertos en vida silvestre Clara Sierra y Giovanni Delgado, esto les da influencia sociopolítica, lo cual beneficia a sus negocios legales e ilegales. También mantienen conexiones con el hampa, lo que les permite comprarles especímenes a las redes criminales que cuentan con las herramientas y las conexiones necesarias para obtener, capturar y transportar animales ilegalmente desde la Amazonía colombiana.

En lugar de ocultar lagartos en botellas de plástico, los exportadores contrabandean los animales capturados ilegalmente en cargamentos que contienen criaturas enviadas legalmente al extranjero. Para ello, según un funcionario del Departamento del Interior de Estados Unidos, cuentan con el apoyo de funcionarios corruptos ubicados en las fronteras.

Estos corrompen a trabajadores de aerolíneas, funcionarios de aduanas y otros empleados de aeropuertos y puertos, según explica el funcionario.

Finalmente, existen intermediarios que trabajan para las redes criminales y los empresarios. Sam Shanee, experto en temas de tráfico de vida silvestre de Neotropical Primate Conservation, explica que los intermediarios relacionan a quienes orquestan el tráfico internacional de vida silvestre en su forma más organizada con las comunidades locales que cazan criaturas codiciadas en la Amazonía colombiana.

Estos contactan a cazadores y transportistas, diciéndoles qué especies buscan los empresarios criminales, además de la cantidad que requieren y los detalles de los puntos de entrega acordados.

Los intermediarios están además a cargo de supervisar los centros de recolección, lo que significa que a menudo operan a nivel regional. También se encargan de sobornar a las autoridades (como las agencias ambientales o la policía) que realizan controles en carreteras o puntos de salida.

Con la ayuda de los intermediarios, o por su propia cuenta, los miembros de las redes criminales contrabandean animales en equipaje o en cargamentos que se dirigen hacia lucrativos mercados internacionales en Asia, Europa y Norteamérica. Aunque rara vez transportan o venden estos especímenes en grandes cantidades, a veces se les exige que sobornen a funcionarios de aduanas o a comerciantes internacionales.

Mano de obra

La mano de obra involucrada en el tráfico de vida silvestre en la Amazonía colombiana está conformada por cazadores y transportistas locales. Estos actores pueden estar encargados de realizar ambas tareas: cazar/capturar a los animales y transportarlos a los puntos de recolección.

Según Ángela Maldonado, ecóloga y experta en temas de tráfico de vida silvestre en la triple frontera Amazónica, la fuerza laboral a menudo está compuesta por miembros de comunidades locales, en su mayoría indígenas que son contactados por funcionarios corruptos en granjas de cría y laboratorios para cazar animales específicos.

Estos actores también pueden ser contactados por intermediarios que les piden que capturen vida silvestre a instancias de redes criminales y empresarios.

“El tráfico de vida silvestre y el consumo [de animales] está profundamente arraigado en las comunidades amazónicas. Ya sea que esté organizada o no, la caza de fauna con fines de subsistencia o para satisfacer fines ilegales es parte de la vida cotidiana aquí en [el departamento de] Amazonas”, señala Maldonado.

Esto se debe principalmente a que esas comunidades conocen sus territorios (y las criaturas que los habitan) mejor que nadie. Sin embargo, es importante destacar que muchas veces los cazadores desconocen el carácter ilegal de sus actividades. Suelen cazar como parte de un estilo de vida de subsistencia. A menudo no están vinculados formalmente a las redes criminales, o no son conscientes de que lo están.

Estudio de caso: El comercio de peces ornamentales en la triple frontera de la Amazonía colombiana

La mayoría de los informes sobre tráfico de vida silvestre en la Amazonía colombiana se centran en las especies contrabandeadas al extranjero para satisfacer la alta demanda internacional. Monos, felinos, tortugas, caimanes e incluso ranas son los protagonistas recurrentes en el tráfico de vida silvestre en la región. Sin embargo, algunas especies afectadas suelen pasar desapercibidas.

Los peces ornamentales son pequeñas criaturas acuáticas cuyos llamativos colores y formas han atraído a coleccionistas de todo el mundo. Son codiciados por el comercio internacional de acuarios, y muchas especies se pueden vender legalmente. Sin embargo, las especies protegidas que viven en la cuenca del Amazonas a menudo se comercializan ilegalmente.

Aunque es difícil obtener datos concretos recientes, en 2011 Colombia se encontraba entre los 15 principales países exportadores de peces ornamentales a nivel internacional.

La AUNAP regula el comercio legal de estos especímenes, como la principal entidad colombiana encargada de la gestión de la pesca y la acuicultura. El organismo define qué especies pueden ser recolectadas legalmente y establece los límites pertinentes. Busca además combatir el tráfico ilegal de peces ornamentales.

Sin embargo, las medidas tomadas por la entidad no han disuadido a quienes se dedican a este comercio. Un exfuncionario de pesca colombiano confirmó que algunos exportadores exceden sus límites (exportan más pescado del permitido legalmente), aprovechando la falta de personal del AUNAP encargado de monitorear los cargamentos legales.

Además, según el mismo exfuncionario, los exportadores sobornan a empleados de aduanas y agentes de la AUNAP en toda la región Amazónica.

Asimismo, la falta de control estatal a lo largo de la triple frontera Amazónica de Colombia con Perú y Brasil ha hecho de la porosa zona un foco de tráfico de peces ornamentales.

Mientras que en Brasil hay fuertes restricciones que prohíben el comercio de especies de peces ornamentales, incluyendo el pleco cebra, en Perú y Colombia la venta de esta especie está menos restringida. Dado que desde 2004 el Ministerio de Medio Ambiente de Brasil (Ministério do Meio Ambiente – MMA) la ha catalogado como una especie en “grave peligro”, el hecho de adquirirla es considerado una hazaña por los coleccionistas internacionales que admiran su aspecto exótico.

Las redes criminales dedicadas al tráfico de peces ornamentales de la región Amazónica han aprovechado la falta de articulación de políticas entre los tres países y los escasos controles por parte de las autoridades ambientales y las aduanas para frenar el comercio, según cuentan un funcionario y un exfuncionario de la AUNAP.

El funcionario reveló que los peces ornamentales son capturados por miembros de las comunidades locales a lo largo de los ríos Negro y Xingú en Brasil y luego son transportados por redes criminales hasta la triple frontera con Perú y Colombia. Allí, los peces se hacen pasar como si fueran especies legalmente provenientes de granjas de cría.

Desde allí comienzan a ser transportados.

En primer lugar, se envían a aeropuertos de la cuenca del Amazonas, como el aeropuerto de Iquitos en Perú y el de Leticia en Colombia. Más tarde, los especímenes son llevados a las ciudades capitales de Lima, Perú, y Bogotá, Colombia. Finalmente, son enviados a sus destinos finales: Europa, Asia y Norteamérica, donde se venden en el comercio mundial de acuarios.

Los exportadores utilizan sus empresas legales para traficar ilegalmente peces ornamentales. Para estos exportadores resulta fácil sortear los controles que buscan regular el número de especímenes que pueden ser enviados al extranjero.

Por un lado, el personal de la AUNAP y las autoridades ambientales ubicadas en los puertos no pueden verificar exhaustivamente todos los cargamentos que se van a exportar, dado que no hay suficientes empleados para controlar los peces al interior de cada contenedor antes de ser despachado.

La mayoría de los peces son traficados como crías recién nacidas, por lo que determinar las cantidades y las especies es prácticamente imposible, ya que algunas especies miden solo 0.5 milímetros al nacer. Es difícil determinar si los que son transportados corresponden a lo que permite la documentación “legal”. Esto plantea una tarea muy difícil para los pocos funcionarios que monitorean el comercio en zonas de tránsito como Leticia.

El tráfico de peces ornamentales tiene altos niveles de impunidad. “No es solo que dichos crímenes son desestimados por las autoridades, sino que [estas saben] muy poco sobre cómo aplicar la ley cuando se imputan estos crímenes”, señala el funcionario del Departamento del Interior de Estados Unidos.

La AUNAP y las autoridades ambientales no pueden iniciar investigaciones penales contra este comercio sin el apoyo de la Fiscalía General de la Nación o la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN). Esto les deja a las autoridades ambientales apenas un puñado de herramientas administrativas (como la confiscación de permisos de exportación) que han dado pocos resultados para detener el tráfico de vida silvestre.

Esta falta de capacidad se agrava por el hecho de que los delitos relacionados con este comercio se suelen desestimar en países como Colombia y Perú. El biólogo Carlos Galvis, del zoológico de Cali, y la profesora Claudia Brieva coinciden en que los jueces de Colombia priorizan los casos relacionados con el narcotráfico y la minería ilegal sobre el tráfico de vida silvestre, el cual todavía está muy subestimado en la región Amazónica del país.

“[Los jueces] no toman posición frente al tráfico de vida silvestre porque temen perder popularidad en las comunidades, o simplemente porque consideran que el tráfico de un loro dentro de cinta fotográfica no es motivo para enviar a alguien a la cárcel”, afirma Fernando Trujillo.

En definitiva, las especies protegidas de peces ornamentales traficadas desde la Amazonía colombiana son víctimas de redes criminales y funcionarios corruptos que trabajan en conjunto. Dada la falta de capacidad oficial para monitorear el comercio legal, las porosas zonas fronterizas utilizadas como puntos de tránsito y la alta demanda internacional de especies exóticas, el tráfico de peces ornamentales prospera en la cuenca del Amazonas, ya que las autoridades de Colombia descartan la mayor parte de los delitos contra la vida silvestre.

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