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¿Quién realmente creó el paramilitarismo en Colombia?



El entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, así como su ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, crearon la Unidad Nacional de Protección (UNP) unos meses antes de anunciar, formalmente, el inicio de los Diálogos de Paz con las FARC. Años más tarde, coincidencialmente, esa entidad fue usada por Santos Calderón y su ministro del Interior de ese momento, Guillermo Rivera Flórez, para otorgarle protección a los desmovilizados de las FARC y darle un empleo digno a la “guerrillerada” que, en su condición de civiles, se les entregó armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas colombianas y vehículos blindados.

Un proceso que muchos criticaron por haber vuelto a armar de manera legal a los excombatientes que, supuestamente, habían dejado las armas según una verificación hecha por miembros de las Naciones Unidas, organización que registró el desarme de las FARC en un lánguido video hecho con un teléfono celular de antepenúltima generación. Se decidió que los cuerpos de escoltas de la UNP serían mixtos, es decir, conformados por civiles (exguerrilleros) y militares activos.

El grupo terrorista M19, en el que militó Gustavo Petro, secuestró a Martha Nieves Ochoa, hermana de los grandes capos del Cartel de Medellín, socios de Pablo Escobar. El M19 se disfrazaba de guerrilla comunista para venderse al mundo como unos revolucionarios muy rebeldes pero, en realidad, era un grupo bastante pobre de forajidos que dependía de la ayuda de los soviéticos que intermediaba Fidel Castro por eso, también, robaban bancos, robaban armas, extorsionaban a empresarios y campesinos, y secuestraban a los familiares de los más ricos de Colombia.

Antes que los empezaran a secuestrar a todos, si pagaban el millonario rescate, los miembros del Cartel de Medellín se unieron y crearon un gran ejército privado para rescatar a Martha Nieves. Emprendieron una feroz persecución que tuvo al borde de la extinción a todos los terroristas miembros del M19. Esa situación planteó una encrucijada a Pablo Escobar que era comunista, simpatizante del M19. Escobar concebía “el comunismo con plata” como lo aseguró, John Jairo Velázquez Vásquez alias Popeye. De hecho, a Escobar lo sorprendió la muerte pocos días antes de irse a la selva para incorporarse a las filas del ELN.

Eso lo sabía Iván Marino Ospina, el papá del actual alcalde de Cali, que buscó a Escobar y se sentó con él a negociar y a arreglar por las buenas. Fue tan buena la gestión de Ospina que se volvieron socios el M19 y el Cártel de Medellín, por eso, Iván Marino Ospina y los otros “duros” del M19 aportaron sus relaciones con dictaduras afines a su ideología, llevando a Escobar a Nicaragua y a Cuba para abrir dos rutas muy importantes para el tráfico de cocaína porque contaba con la bendición oficial de Fidel Castro en Cuba y de los Sandinistas en Nicaragua.

El M19 dejó de ejercer la amenaza terrorista a cambio de ser un partido político que participó en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 en Colombia que, coincidencialmente, prohibió la extradición de Pablo Escobar. Tímidamente, al principio, los grupos terroristas FARC y ELN participaron en el negocio del narcotráfico cuidando los cultivos de coca.

La muerte de Pablo Escobar marcó el inició de una confrontación entre los que se creían los herederos naturales del negocio (los miembros de los ejércitos privados del Cartel de Medellín) y los terroristas de las FARC y del ELN que vieron una oportunidad inmensa para ejercer presencia territorial y, lo más importante, conseguir la autonomía financiera en el momento que la debacle de la Unión Soviética tenía en serios problemas financieros a Cuba y al resto de países ex satélites de los soviéticos.

El obstáculo, para las FARC y el ELN poder consolidar su hegemonía en el negocio del narcotráfico, eran los mafiosos ex miembros de los ejércitos privados de Pablo Escobar que sobrevivieron a la debacle de los grandes cárteles de la droga, entonces, había que construir una narrativa para eliminarlos y para mimetizarse ante la Comunidad Internacional que no iba a ver con buenos ojos que, los herederos de la lucha revolucionaria comunista de Castro y Sandino, se convirtieran en unos vulgares delincuentes dedicados al narcotráfico.

Ante la incapacidad operativa de la fuerza pública colombiana para combatir la amenaza terrorista de los cárteles emergentes del narcotráfico tras la desaparición de Escobar, siendo presidente César Gaviria, se creó la figura de «servicios especiales de seguridad privada» mediante el Decreto Ley 356 del año 1994. En ese mismo año el presidente, Ernesto Samper reglamentó su operación advirtiendo que no podrían hacer parte de esos grupos, personas con antecedentes penales.

En 1995, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad bautizó a esas entidades como Convivir. La Corte Constitucional aclaró que los civiles no podían usar armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas y que podían alertar a la fuerza pública sobre la presencia de grupos armados para que los militares, y no los civiles, los combatieran.

Para evitar decir abiertamente que estaban enfrascados en una lucha fratricida por conquistar la supremacía del negocio del narcotráfico, las FARC y el ELN culparon al Estado colombiano de haber conformado unos grupos de gente “de extrema derecha” que los atacaba sin piedad por ser guerrilleros comunistas y que ellos, pobrecitos, solo estaban luchando por salvar al pueblo oprimido y por eso empuñaban las armas para derrocar al indolente gobierno de turno.

Cada vez que existía una purga, una lucha por alguna ruta o algún territorio, o que ocurría un ajuste de cuentas entre mafiosos, las FARC y el ELN se presentaban como unas victimas de unos grupos que ellos bautizaron como “paramilitares” para, de paso, quitarle legitimidad al Estado colombiano cuando los persiguiera por ser una banda de forajidos narcotraficantes y no, un grupo subversivo.

La figura era diferente porque eso implicaba que las FARC eran perseguidas por el Estado por razones políticas y no, por ser narcoterroristas. Según las FARC, los paramilitares eran intolerantes y sin empatía, que los perseguían sin tregua por el solo hecho de ser revolucionarios comunistas.

En la realidad, era una estrategia con la que trataban de desmarcarse de su actividad mafiosa a la vez que esperaban neutralizar a los otros mafiosos enemigos con la acción del Estado que, supuestamente, los había creado. No fue una coincidencia que en Colombia el Acuerdo de Paz del año 2016 quedara consignado un compromiso del Estado para combatir, sin tregua, a los “paramilitares” que ya habían replicado lo que hacían las FARC y el ELN, convirtiéndose en grupos de narcotraficantes con himno y bandera.

El colapso del Acuerdo de Paz del 2016 lo determinó la captura por narcotráfico de Seuxis Pausias Hernández, alías Jesús Santrich que terminó dándole la razón a Darío Acevedo, director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), cuando afirmó que en Colombia nunca existió un conflicto armado interno, sino una amenaza terrorista igual a la de Pablo Escobar. Marcó un hito, también, porque desenmascaró a las FARC como Cártel de la Droga, por eso el cuento del entrampamiento, por eso las Altas Cortes dejaron libre a Jesús Santrich, sin pudor alguno frente a la Comunidad Internacional.

Juan Manuel Santos anunció que la Guerra Urbana llegaría si la sociedad colombiana no se sometía a todo lo que querían él y las FARC. Sabía que necesitaba de la misma figura de los colectivos chavistas para poder amedrentar a los oriundos de Colombia y evitar que se opusieran a la implementación de lo acordado en La Habana. Los líderes supremos de las FARC se habían concentrado en Bogotá y los ex guerrilleros rasos estaban concentrados en lugares específicos con protección del Estado colombiano.

Sin embargo, necesitaba hacer presencia en los territorios donde se encontraban los cultivos de coca y los laboratorios usados para fabricar cocaína, por eso apareció la figura de los Líderes Sociales que necesitaban ser protegidos por la UNP porque los estaban matando, supuestamente, por estar a favor de la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC. Los vehículos blindados entregados a los Líderes Sociales han sido utilizados para transportar alijos de drogas ilícitas, armas y explosivos, y hacer incursiones violetas en las ciudades para causar terror y zozobra entre los colombianos que no son considerados como Líderes Sociales.

En las últimas semanas, en Cali y Popayán, vimos la incursión violenta de civiles portando armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas colombianas, desplazándose en carros oficiales entregados por el gobierno colombiano en el año 2016. Fue la presentación en sociedad del primer y verdadero Grupo Paramilitar en la historia. A nadie le debe quedar duda sobre el nombre del verdadero padre del paramilitarismo en Colombia.

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