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En enero de 2003, se firmó un acuerdo stand by con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para una serie de prestamos que tienen sobre endeudado al pais con este organismo Global.

Para lograr dichos prestanos que tendrán a los colombianos endeudados casi de por vida, el gobierno se comprometió a un drástico plan de austeridad fiscal, que incluía: aumento del impuesto al patrimonio y al IVA, sobretasa al impuesto de renta, congelación del gasto público, flexibilización del mercado laboral y pensional para poder acceder a mayores prestamos. En mayo de 2006, el FMI anunció los éxitos de las medidas implementadas, como la privatización de Granahorrar, la reforma laboral que borró del mapa las horas extras y la pensional que eliminó la mesada 14. Además, exigió otra reforma tributaria para eliminar exenciones de IVA y ampliar la base de contribuyentes de renta proveniente del trabajo.

En febrero de 2021, tras desembolsar un préstamo por USD 5400 millones, el FMI volvió con sus baterías recargadas. Contrario a sus discursos en los que promueve un mayor gasto, llegaron a cobrar los recibos. Dijeron que las medidas de emergencia como subsidios y apoyos fiscales “deberían desmontarse” y focalizar el gasto asistencialista “a los hogares en situación de pobreza”. Aunque en el ministerio de Hacienda posen de autónomos, lo cierto es que el FMI exigió “la ampliación de la base del impuesto a la renta de personas naturales y la reducción de las exenciones al IVA con mecanismos de compensación para proteger a los hogares más pobres por medio de asistencialismos”.

Son las mismas recetas en medio de la peor crisis de la historia, y agregando un componente con tinte social que solo cubre a los más pobres de los pobres sin dotarlos realmente de herramientas para generar desarollo, sino solo asistencialismo que no saca de la pobrezs a nadie; el resto de ls población, que se defienda como pueda. Igual que en 2006, para 2021 este organismo cuenta con el mismo personaje para materializar sus desastres: Alberto Carrasquilla.

La reforma tributaria que presentaron no es resultado de la genialidad de Carrasquilla. Él es simplemente el verdugo de los dictámenes del FMI, que vuelve una y otra vez a la región a garantizar que nunca pueda salir del atraso. Ahora, como refuerzo, han traído a la OCDE dizque para darle un sustento técnico a la propuesta de “una extensión de la base del IVA”, una “reforma pensional”, “ampliar la base tributaria de forma inmediata”, aumentar tarifas del IVA reducido del 5 al 12 % y reconocer que los beneficios de las financieras son muy costosos, pero no se tocarán “porque es un tema complejo que incide en muchas áreas diferentes”. En la banca del equipo pro pobreza siempre está Fedesarrollo, que recientemente propuso IVA de 8 % a la canasta familiar, una pensión de $ 412.000 (no de salario mínimo como lo establece la Constitución), un segundo pilar pensional que depende de la negociación sindical en un país en que el 96 % de los trabajadores no están sindicalizados y un tercer pilar que elimina el régimen de prima media, es decir, a Colpensiones.

En 2006, la reforma dirigida por Carrasquilla era “protuberantemente contraria a la equidad y progresividad”, en palabras del ex ministro Juan Camilo Restrepo y “difícil imaginar una reforma tributaria más inequitativa”, en la voz del analista Mauricio Cabrera. Por eso no se aprobó todo lo que traía y obligó al ministro a renunciar pocos meses después.

Cualquier reforma tributaria exigida por el FMI y coordinada por Carrasquilla, en un contexto de recesión, tendrá el destino manifiesto de aumentar la desigualdad. El discurso del “nuevo contrato social” hacia los más pobres, esconde que los recursos para esta población tan solo compensarán parcialmente la pérdida de la capacidad de consumo de la clase media trabajadora, no de quienes deberían pagar más impuestos: los que obtienen su riqueza de la renta inmobiliaria y del capital especulativo.

Tomado de Facebook