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Luego de una votación apretada, pasó en primer debate un proyecto de ley que busca legalizar el uso del cannabis recreativo para adultos. Hablan los autores de la iniciativa. Colombia es uno de los principales centros de la lucha contra el narcotráfico. El país ha invertido durante décadas millones de dólares en atajar el lucrativo negocio que ha financiado el conflicto colombiano, pero el fenómeno está muy lejos de desaparecer. Esto pone en evidencia que el enfoque prohibicionista no ha servido y hay que empezar a barajar otras alternativas. Con esto en mente, los representantes Juan Carlos Lozada y Juan Fernando Reyes Kuri presentaron un proyecto de ley para modificar el artículo 49 de la Constitución y regular el cannabis de uso adulto.“Nuestro país lleva muchos años de epicentro de la lucha contra las drogas a nivel mundial, una lucha fallida, nos ha tocado poner los muertos. Se debe dar un giro hacia la nueva mirada, no desde la prohibición ni desde las penas. Comenzar por el tema del cannabis es lo que corresponde”, le dijo Lozada a Dinero.

Reyes explicó que este proyecto busca que el Estado regule el cannabis. “Hoy lo regula la criminalidad. Si lo hacemos estaríamos controlando dónde, cómo, quién y qué produce, comercializa y consume. Necesitamos una nueva forma de abordar la guerra contra las drogas y fomentar la competitividad del país”, agregó.

Si el proyecto llega a feliz término, surgiría un nuevo mercado legal que abriría un sinnúmero de oportunidades en materia económica para el país.“El Estado puede percibir más recursos al impulsar el mercado legal. La regularización implica incentivos para inversión nacional y extranjera, así como el recaudo a través de impuestos que hoy, por ser ilegal, no ha dejado nada al país” aseguró el representante Reyes. 

Aún no hay estimaciones certeras de cuánto representa la marihuana dentro del negocio del narcotráfico en Colombia. Pero en 2016 el Departamento Nacional de Planeación (DNP) hizo un estudio sobre el narcomenudeo que mostró que este negocio mueve al año mediante las organizaciones ilegales cerca de $6 billones, lo que equivale a 0,75 puntos del PIB. De este monto, unos $300.000 millones corresponden a las ganancias de los cultivadores y productores, $2,5 billones se quedan en las bandas delincuenciales que las distribuyen y la porción restante de $3,2 billones corresponde a los expendedores que ponen las drogas en las calles. 

En cuanto a la rentabilidad del tráfico de drogas ilícitas hacia otros países, el DNP aseguró que esta representa hasta 3,8 puntos del PIB. Eso equivale a $20,5 billones, más de dos reformas tributarias.

Las cifras de narcomenudeo vienen en aumento, pues en los últimos años el consumo en el país ha crecido a pasos agigantados. Hace una década Colombia se ubicaba en el puesto número 6 de consumo de cocaína y marihuana en Sudamérica, ahora está en el 4.

Se calcula que en el país hay 1,5 millones de consumidores de drogas ilícitas. De estos, más de un millón consumen marihuana, cerca de 250.000 cocaína, 80.000 éxtasis y 80.000 bazuco. Estas cifras demuestran que la eventual legalización de la yerba para uso recreativo adulto abriría un mercado de tamaño considerable.null

El país ya dio un paso importante con la luz verde al cannabis medicinal. Reyes recordó que solo en 2019 esta industria generó ingresos por US$99 millones y que Fedesarrollo estima que en 2025 el cannabis de uso medicinal alcanzará las 450 hectáreas cultivadas, generará más de 7.000 empleos y tendrá ingresos superiores a los US$790 millones.

Aparte de este proyecto, el congresista Gustavo Bolivar impulsa otro en el Senado.

“Con la dinámica que ha mostrado la industria del cannabis medicinal, se podría estimar que con la regulación del cannabis de uso adulto estos ingresos y trabajos se podrían triplicar, como fue en el caso de Estados Unidos. El país debe aprovechar el potencial económico y de generación de empleo que tiene la industria del cannabis e, incluso, según el exministro Juan Carlos Echeverry, se podría llegar a evitar una reforma tributaria pues el recaudo por impuesto podría estar entre $1,2 y $3,5 billones”, indicó Reyes.

Los representantes que impulsan el proyecto explicaron que, por ejemplo, en Canadá la venta legal de cannabis ha generado ganancias por US$139 millones entre octubre de 2018 y marzo de 2019.

En Estados Unidos, según Drug Policy Alliance, citada por el representante Reyes, se han creado entre 165.000 y 230.000 empleos y solo en Washington el cannabis generó ingresos por US$315 millones en el año fiscal 2016-2017. 

Los opositores a la legalización señalan que podría aumentar la cantidad de consumidores y que los menores de edad podrían adquirir la droga con más facilidad. No obstante, la experiencia internacional ha demostrado que tras la legalización el uso del cannabis no aumentó en forma desbordada. 

Para los autores del proyecto es fundamental informar a fondo a la ciudadanía para garantizar un consumo responsable de la marihuana. Por esto proponen un enfoque de salud pública, prevención, control estatal y desmercantilización.“Este proyecto restringe el consumo en el espacio público y en zonas comunes, con el fin de salvaguardar los derechos de terceros. Además, no es para menores de edad sino solo para los adultos”, aclaró Reyes.

La iniciativa también propone que los productores de cannabis ubicados en los municipios más afectados por el narcotráfico pudieran ser vinculados al mercado legal. Ello permitiría desligar a estos territorios de ese mercado ilegal y destinar los recursos generados específicamente a salud, educación e inversión social.

A esta iniciativa aún le falta mucho camino por recorrer (7 debates) y debe sortear los vientos en contra de los sectores más conservadores. Pero es un primer paso para cambiar el enfoque de combate a las drogas en el país. Además representa una gran oportunidad en un momento de profunda necesidad económica y, por supuesto, fiscal.

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