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Colombia es signatario de las Convenciones Internacionales de Control de Drogas de las Naciones Unidas, tratados que sustentan la aplicación global antinarcóticos, un obstáculo para la propuesta.

La izquierda colombiana propone embarcarse el próximo octubre en un debate que puede parecer bastante estéril, pues se trata de una propuesta que en la práctica significa la nacionalización del negocio de la cocaína, sin embargo habla del negocio que persigue esta ideología política en Colombia.

En concreto, la ley redactada por los senadores Iván Marulanda (partido Alianza Verde) y Feliciano Valencia (Movimiento Alternativo Indígena y Social), pide al Ejecutivo colombiano controlar el mercado de la droga.

El gobierno tendría que comprar las cosechas de hoja de coca y controlar la venta de la cocaína. El plan, evidentemente, es de difícil ejecución. 

Los desafíos incluyen: el costo, el rechazo de una comunidad internacional que prefiere mantener las políticas actuales contra la drogas, y la posible reacción de un imperio de drogas ilegales que no duda en usar la violencia cuando ve amenazados sus intereses.

La propuesta de tan improbable aplicación será discutida por el Senado colombiano en octubre.

Los propulsores de la medida dicen que se necesita un cambio lo antes posible. Y en eso tienen razón. 

El cuestionado acuerdo de paz con el grupo terrorista FARC, no ha sido suficiente. Otros grupos guerrilleros, disidentes de las propias FARC, excombatientes, paramilitares y narcotraficantes mantienen un constante enfrentamiento por controlar el negocio del narcotráfico.

Los proponentes además sostienen que la medida reducirá el desperdicio de fondos públicos, ayudar a proteger el medio ambiente de Colombia y generar un mejor enfoque de salud pública para el tema del consumo de drogas.

Actualmente, la posesión de cocaína individual es tolerada. Los adultos colombianos pueden llevar hasta un gramo de esa droga para «uso personal».

Las autoridades y los funcionarios públicos dicen que algunas muertes están relacionadas con problemas como las guerras territoriales por los campos de coca y las rutas de tráfico. 

Con información del Los Angeles Times. / Fuente