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Llega tarde pero con fuerza. La aprobación este jueves de la Ley de Cambio Climático supone un paso en firme para que España consiga avanzar en el reto de transformar su economía y alcanzar el horizonte verde. Con algunas sombras que empañan las negociaciones, esta norma marco consolida el compromiso –obligado por la ciencia– de dejar atrás los combustibles fósiles y establece un amplio articulado que servirá de hoja de ruta para la transición ecológica.

Los asuntos climáticos tienden a quedar relegados a un papel secundario, sin embargo, la legislación relacionada con este problema global alberga una capacidad transformadora de gran magnitud. Así, la norma que se aprueba este jueves en el Congreso obligará a que las ciudades transformen radicalmente sus espacios. La movilidad sostenible, no sólo con el despliegue del vehículo eléctrico, sino por el fomento del transporte público y colectivo, cogerá fuerza, en tanto que a partir de 2023 todas las ciudades de más de 50.000 habitantes deberán haber implementado su propia zona de bajas emisiones con restricciones al tráfico contaminante, el impulso de carriles bici y la promoción de metro y autobús. Este apartado de la ley es quizá uno de los que mayor impacto tendrá en la vida de las personas, puesto que afectará a 148 municipios de todo el Estado donde viven en torno a 24 millones de habitantes, el 52% de la población.

Este punto atañe a ciudades del tamaño de Madrid, Sevilla, València o Barcelona, pero también a otros municipios que tienden a ser olvidados por la Administración central del tamaño de Badajoz, Albacete, Burgos, Santa Cruz de Tenerife, Alcorcón, Parla, Baracaldo o Reus, entre otros. Además, para 2023 los Consistorios deberán haber diseñado planes para el desarrollo de infraestructuras verdes y corredores ecológicos que hagan de los entornos urbanos lugares más saludables y adaptados a la nueva coyuntura climática.

Combatir la pobreza energética

El artículo 8 de la nueva Ley aborda el problema energético desde el punto de vista social. Tanto es así, que el texto plantea rehabilitar los edificios para conseguir un mayor ahorro en los hogares y hacer que el parque inmobiliario del Estado sea más eficiente. De esta forma, se habla de poner «especial» atención a los edificios habitados por personas en situación de vulnerabilidad. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), el brazo ejecutor de la ley, marca el objetivo de rehabilitar 1.200.000 viviendas en la próxima década, comenzando con 51.000 edificios por año entre 2021 y 2024. Los fondos europeos anunciados recientemente permitirán que la ley pueda ejecutarse con garantías ya que el Gobierno ha reservado 6.820 millones de euros –el 9% del plan de recuperación– para adaptar a los hogares españoles al cambio climático.

Autoconsumo eléctrico

Después de años marcados por el impuesto al sol y la falta de apoyo para el impulso del autoconsumo energético, la Ley de Cambio Climático da un paso firme y pone un plazo de un año desde su aprobación para que el Gobierno impulse una Ley de Propiedad Horizontal. Esta otra norma, que emanará directamente de la nueva Ley de Cambio Climático, deberá «facilitar y flexibilizar» las instalaciones fotovoltaicas en las comunidades de vecinos.

«Hay que avanzar mucho más, pero este punto de la ley puede servir para que en el futuro evitemos problemas como el tasazo solar aprobado por el ministro de Energía del PP Álvaro Nadal. Según la nueva ley, hay una apuesta menos tímida y más clara por el autoconsumo, aunque luego habrá que ver cómo son los reales decretos que la ejecutan», reflexiona Javier Andaluz, responsable de Energía y Clima de Ecologistas en Acción.

Educación ambiental

La educación ambiental entra por primera vez en juego y se presenta como un eje transversal para todo el currículum académico. De esta forma, según el texto de la norma, se «promoverá la implicación de la sociedad española en las respuestas frente al cambio climático, reforzando el conocimiento sobre el cambio climático y sus implicaciones». Se integrará la perspectiva climática y de sostenibilidad dentro de todas las asignaturas que forman parte del Sistema Educativo, es decir, colegios, institutos y universidades, pero también ciclos de formación profesional.

Serafín Huertas, técnico en Educación Ambiental y miembro de la plataforma estatal EA26, destaca que se hayan incluido los ciclos formativos porque eso supondrá que «en sólo dos años» tengamos «profesionales preparados» con conocimientos relacionados con el cambio climático y sus implicaciones. Sin embargo, el experto echa en falta que la ley tenga «una mirada más amplia» que pueda extender la educación ambiental más allá de los espacios formativos convencionales, de tal forma que toda la sociedad pueda aprender y conocer los retos que impone la lucha climática. En cualquier caso, la Ley incluye la creación de una Asamblea Ciudadana de Cambio Climático que podría ayudar a concienciar a la población, además de involucrarla en la actividad política.

Riesgos climáticos y responsabilidad empresarial

No sólo el Estado deberá actuar para rebajar las emisiones, también el sector empresarial. Tanto que las grandes empresas –también las que cuentan con participación pública– deberán contar con planes de acción climática y marcar objetivos de descarbonización. Así, las compañías deberán elaborar y publicar sus datos y sus plazos para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Eso quiere decir que las empresas deberán hacer algo más que greenwashing (marketing verde) y, según la ley, pasar directamente a la acción. No obstante, la norma no contempla ningún órgano sancionador, lo que hace que el cumplimiento de los objetivos no este cien por cien garantizado

La ley también incorpora al cambio climático como medidor de riesgos financieros. Se ofrecen herramientas para el aprendizaje que permitan que las empresas puedan detectar y evaluar si una inversión o un proyecto determinado tiene riesgos de fracasar o generar menores ganancias como consecuencia del cambio climático.

Tecnicismos que el ciudadano no ve, pero importan

El texto, no obstante, está plagado de tecnicismos que tendrán una importancia plena en la vida de los ciudadanos. El caso más significante es la prohibición de la extracción minera de uranio. Esta medida pone barreras al interés de las compañías en abrir minas a cielo abierto para extraer este recurso en España. Las consecuencias son positivas, sobre todo para los entornos rurales amenazados por la maquinaria. El yacimiento del pueblo de Retortillo, en Salamanca, es el primer ejemplo de cómo esta actividad económica ponía en riesgo la economía local.

La norma también prohíbe la extracción y prospección de hidrocarburos en territorio español, de modo que las compañías deberán dejar de buscar nuevos yacimientos para la obtención de combustibles fósiles.

Por último, la norma fija una reducción de gases de efecto invernadero del 23% de cara a 2030. Este es sin duda el punto negro de la Ley, pues establece un objetivo muy alejado de los compromisos adquiridos por la Unión Europea, que hablan de una reducción del 55% para finales de la década y de las demandas del Panel Intergubernamental de Expertos contra el Cambio Climático de la ONU (IPCC) de reducir las emisiones un 7,6% cada año durante la próxima década.

ALEJANDRO TENA

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