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Fraude, denunció el presidente Trump la noche de las elecciones, cuando todavía los resultados parciales tendían a su victoria en los colegios electorales. Primero Biden se declaró ganador sin decirlo abiertamente, cuando las tendencias señalaban su derrota. De inmediato Trump respondió que él, no Biden, ganó la elección. Pero buscarían robársela en las próximas horas. Intentarán un fraude al pueblo de los EE. UU. y no lo permitiremos, dijo Trump.

Fraude periodístico

La cobertura, más partisana que partidaria, del grueso de la prensa de los EE. UU. en favor de Biden, de ahí en adelante fue exclusivamente propaganda. Fraude periodístico tan vergonzoso que algún periodista —de la vieja izquierda estadounidense— lo ha denunciado. Y sufrirá las consecuencias personales y profesionales de su decencia. Pero la prensa no proclama presidentes, no decide recuentos, no determina votos validos, no decide las reglas en vigencia. Y no es intérprete final de la Constitución.

Aunque periodistas enfurecidos se crean por encima de colegios electorales, tribunales y Corte Suprema. No lo están. Vimos en la campaña más de lo mismo de la anterior. No es nuevo. No vimos otra cosa a lo largo de la administración Trump. Ni de la prensa. Ni del nuevo partido demócrata.

Cuatro años de fraude comunicacional e institucional, en cámaras de TV y la Cámara de representantes. Pero no fue ese el fraude que denunció Trump. Y debe probar el ejército de abogados de Giuliani en las cortes.

El fraude comunicacional e institucional importa. Creó un ambiente político proclive al fraude electoral. Pero el tema es otro. ¿Ocurrió un fraude en estados bisagra torciendo una victoria legítima de Trump en una fraudulenta de Biden? Es posible. Un viejo aforismo de los EE. UU. dice que si grazna como pato, camina como pato, nada como pato y vuela como pato, debe ser pato.

Hay hechos a la vista. Y el grueso de la prensa de los EE. UU. —con apoyo de las empresas de redes sociales— los niega al público. Censurando a quien los mencione. Incluso al presidente de los EE. UU. Apostaron en grande. Y en la primera potencia del mundo libre. Lo que se juegan afecta al planeta.

La batalla legal 

Giuliani afirma que tiene pruebas, para Pittsburg y Philadelphia, de más de medio millón de papeletas no verificadas que no pueden contarse legalmente. Papeletas que de descartarse dejan a Trump como claro ganador.

También afirma Giuliani que hay más de esas en Detroit, Milwaukee y Atlanta. Ahí también, dice Giuliani, descartando papeletas ilegales que agregaron al conteo, Trump gana fácilmente Michigan, Illinois y Georgia. La campaña de Biden  —con su propio ejército de abogados preparado con antelación— no declara sobre el frente legal. Prefiere negar la existencia de pruebas en quid pro quo comunicacional con su prensa propagandista.

La cuestión legal se va simplificando. El Tribunal Supremo ordenó al estado de Pensilvania separar todas las papeletas en disputa. Y contarlas separadamente. No es solo que se han cambiado reglas para favorecer la votación por correo y contar papeletas sin verificación alguna, sino si fueron  decisiones de quienes no tendrían ninguna autoridad constitucional para tomarlas.

El sistema federal en EE. UU. fue diseñado para defender los derechos de los ciudadanos contra la tiranía local de administraciones de estados o municipios. Veremos si los institucionalistas tenían razón o no.

Hechos y estadísticas

Que algo sucedió y que se pueda probar más allá de duda razonable en tribunales independientes, son asuntos diferentes. Pero dilucidar aquí razonablemente si ocurrió o no —independientemente de lo otro— solo exige dos pasos:

  • La confirmación de casos que lo hagan plausible es cierta y extrapolable. Eso aclara que es, cuando menos, posible. Sin esforzarme mucho pude verificar, desde casos de papeletas para votar por correo llegando a personas que no son siquiera ciudadanos de los EE. UU. y descubren asombrados que están ahora inscritos en el registro electoral. A los de personas fallecidas que no fueron retiradas del registro y aparecen votando en ésta elección, pero no la de 2016. De menores de edad registrados para votar. Y condados con más votantes registrados que residentes totales. Así que posible es.
  • A eso habría que sumar una prueba razonable, no en sentido judicial, sino en el de las ciencias sociales. Y está a mano donde menos se esperaría. En las encuestas. Inútil ante un tribunal, pero estadísticamente —al caso es lo mismo que decir científicamente— razonable. Veamos:

En 2016 las proyecciones de todas las encuestadoras fallaron. Todas menos una. Trafalgar acierta con una proyección de extraordinaria precisión para estados bisagra con resultados estrechos. Acierta en estados en que la victoria republicana fue sorpresiva. Proyectó con precisión la victoria de Trump en 2016. Sus directivos estaban felices de explicar a cualquier periodista, cómo y por qué acertaron. Su metodología sería superior por dos motivos:

  • Muchos estadounidenses viven en entornos sociales que reprueban sus preferencias políticas conservadoras de manera intolerante y agresiva. Para no perder sus trabajos y vivir en paz con sus vecinos las ocultan. Si un encuestador se las pregunta, mienten. Pero Trafalgar tiene métodos para identificarlos y determinar que votarán realmente. Las otras encuestadoras no.
  • La gente trabajadora con hijos carece de tiempo para responder un largo cuestionario al molesto extraño del teléfono. Quienes tienen tiempo libre de sobra e inclinación a responder encuestas políticas, son mayoritariamente demócratas. Los que no, mayoritariamente republicanos.

Lo que hizo Trafalgar fue corregir la sobre representación demócrata en las muestras. Y revelar el voto oculto como sería realmente. Las encuestadoras que fallaron en 2016 emplearon en 2020 sus métodos. Trafalgar los suyos. De un lado, lo que proyectaban como victoria demócrata otras encuestadoras no es, estadísticamente, la que tendría Biden. Solo tres se aproximarían a proyectar ese escenario en algún grado. Del otro, la que proyectó Trafalgar para Trump, es idéntica de lo que resulta de eliminar las papeletas impugnadas. Y eso huele a fraude. Que se pueda probar o no en las cortes, está por verse.

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