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En todas las definiciones de guerra civil que he investigado, se encuentran unos elementos estructurales esenciales, tales como i) un enfrentamiento bélico; ii) donde los participantes están alineados, mínimo, por dos facciones políticas contrarias; iii) que se desarrolla en un mismo país; iv) desafiándose entre sí personas de un mismo lugar -ciudad, pueblo o comunidad-; y, v) que defienden dos ideologías o intereses distintos.

Desgranando esa definición ecléctica de guerra civil, tenemos en Colombia: i) un enfrentamiento bélico, entendido este término como belicoso, agresivo, violento o provocador; ii) en donde los participantes están alineados, unos, bajo el mando de Gustavo Petro, el líder de la oposición de izquierda, y otros, seguidores de la derecha conducida por el partido político Centro Democrático; iii) desarrollado en el territorio nacional; iv) en el que combaten y luchan unos con otros, -jóvenes estudiantes con jóvenes de la policía- dentro de las mismas ciudades capitales o intermedias, o entre comunidades integradas por quienes  bloquean las vías de acceso y los ciudadanos de bien que, con pocos recursos, ofrecen resistencia; y, i) unos defendiendo a la izquierda y otros a la derecha.

Todos los requisitos se cumplen para concluir que estamos en guerra civil con unas consecuencias trágicas como la obstrucción de los alimentos a las grandes ciudades produciendo desabastecimiento y atentando contra la seguridad alimentaria, la muerte de dos bebés por nacer, hechos ante los cuales exigimos responsabilidad penal de los autores materiales e intelectuales por homicidio doloso o culposo, la incineración en vivo de un agente de la policía que murió por los efectos de las quemaduras en su cabeza y cuerpo, etc., conductas que son asimilables a los crímenes de guerra o las violaciones al Derecho Internacional Humanitario.

Esta guerra civil tiene los mismos elementos de las guerras civiles de Sri Lanka y la República Democrática del Congo que se iniciaron como disputas internas de carácter político y religioso, y las que una vez recrudecidas en sus enfrentamientos no tuvieron marcha atrás, por lo cual, en cada uno de esos países se contaron miles y miles de víctimas.

Por lo anterior, si no frenamos la guerra en Colombia, podría convertirse en una contienda sin fin, con resultados negativos que se desprenden de la desinstitucionalización, de la desconfianza del pueblo en sus autoridades, de la falta de medidas constitucionales y legales para conjurarla, y de la ausencia de acuerdos entre uno y otro bando que permita anticipar en el corto o mediano plazo una salida pacífica.

Por ahora, un primer acuerdo podría referirse al ejercicio de la protesta y de la seguridad ciudadana con respeto a la dignidad humana de quienes están en confrontación, por una parte, los manifestantes comprometiéndose a comportarse con observancia a la autoridad y a los límites que la Constitución les impone a los derechos a la reunión y a la manifestación pública que, como lo afirma la jurisprudencia constitucional nacional, excluyen de su contorno material las manifestaciones violentas y los objetivos ilícitos.

Así mismo, las autoridades deben hacerlo, porque están en el peor de los escenarios, en los que, si se defienden de las agresiones de los desquiciados encapuchados, son mostrados al mundo por la oposición como violadores de los derechos humanos, cuyas organizaciones defensoras de los mismos, ciegas por las falsas informaciones, terminan condenándolas sin debido proceso y sin derecho a la defensa.

Dos cosas que no pueden permitir quienes están debatiendo las reivindicaciones y las reclamaciones sociales y económicas, como los estudiantes, las centrales obreras, los inconformes en general: 1) no pueden dejarse infiltrar por mercenarios encapuchados que forma parte de la delincuencia común, de las bandas criminales de narcotráfico y de las disidencias o de los ejércitos foráneos enviados por Maduro desde Venezuela. 2) tampoco pueden dejarse contaminar de la política de la oposición que está usando las tácticas que utilizó la policía en la revolución naranja del otoño de 2013 en Kiev, Ucrania, mediante las cuales insertaba dentro de los estudiantes a encapuchados para agredirlos y hacer que reaccionaran con violencia para justificar una arremetida mortal contra ellos. Acá en Colombia lo está haciendo la oposición, pero, al contrario, insertan dentro de la protesta encapuchados que destruyen todo lo que encuentran a su paso, causando terror y ganas de salir corriendo a mejores destinos.

Ese primer acuerdo sustentado en el trato digno de unos y otros actores de la guerra puede arrojar resultados positivos, en los que ni la policía puede actuar con desafuero, ni los estudiantes pueden dejarse enredar por estas malsanas prácticas, porque son importadas para producir desequilibrios institucionales pudiendo llevarnos a dictaduras disfrazadas como la de Maduro, con las consecuencias infaustas para nuestra democracia.

La invitación a los jóvenes universitarios y a los ciudadanos inconformes, consiste en defender sus posiciones como jóvenes inquietos, intelectuales, inteligentes, los prospectos, los que renovarán las políticas y, por qué no, quienes serán los políticos del mañana, dentro de la legalidad y en forma pacífica, para así, terminar esta guerra civil que nos afecta a todos.

Ofrece cierta tranquilidad el hecho que la ciudadanía está demostrando el cansancio por la violencia cuya autoría intelectual ya está develada, y está reaccionando con firmeza, porque lo que inició aparentemente bien para la oposición, terminará mal, pues solo recibirá el rechazo generalizado que producirá los efectos adversos en la población.

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