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El 9 de diciembre de 2008 Luis Javier Laverde Salazar llamó a su esposa Luz Elena Galeano a las 6:45 de la tarde. El comerciante de 35 años le dijo que ya iba para la casa en un colectivo, por el centro de Medellín, que llegaría en quince minutos y que por favor le fuera calentando algo de comer. Los quince minutos se han convertido en una larga búsqueda de doce años. Luis Javier nunca más volvió a aparecer.

Se sabe que lo bajaron del colectivo y lo montaron a un carro de color gris. Luz Elena, aunque es consciente de que su esposo ya no está con vida, sigue buscando sus restos para así cerrar una página que lleva abierta más de una década.

Luis Javier hace parte de una extensa lista de desaparecidos en medio de la guerra entre guerrillas, paramilitares, pandillas, delincuencia común y fuerzas del estado, entre otros. Cientos de víctimas dicen que en las zonas de influencia de la represa Hidroituango —que según la licencia ambiental ocupa doce municipios— y debajo suyo debe haber gran parte de los desaparecidos.

La semana pasada la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, a través del auto 125 de 2020, ordenó apertura de incidentes de medidas correccionales contra EPM por cuenta del proyecto Hidroituango y relación con los más de 3000 desaparecidos del conflicto en aquella zona, según la fundación Ríos Vivos y otras organizaciones de víctimas. Quien debe responder ante la JEP es su actual gerente, Álvaro Guillermo Rendón, a quien le iniciaron un proceso que podría compararse con uno de desacato en la justicia ordinaria, el cual lo podría llevar a la cárcel o al pago de una millonaria sanción.

Según la JEP, EPM incumplió con varias órdenes judiciales que buscaban proteger los derechos de las víctimas de desaparición forzada. Aunque el chicharrón le cayó a Rendón, quien recibió las órdenes por cuenta de la JEP fue su antecesor, Jorge Londoño De la Cuesta, quien renunció a la gerencia de EPM el 29 de diciembre de 2019, a dos días del cambio de mandatarios locales y casi dos meses después de que la JEP pidiera a la empresa, que es dueña del 50% del proyecto hidroeléctrico, entregar los soportes en los que se fundamentó para trasladar los cuerpos de los cementerios Barbacoas, La Fortuna y Orobajo que fueron inundados. La orden la dio la JEP el 9 de octubre de 2019 al cierre de una audiencia en la que se estudiaron medidas cautelares para proteger 16 zonas en las que habría enterradas víctimas del conflicto armado.

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP también evidenció que, según el reclamo de víctimas, agrupadas en varias organizaciones sociales, a lo largo del proyecto hidroeléctrico puede haber miles de víctimas que habrían sido enterradas irregularmente en fosas comunes o en los playones del río Cauca que la megaobra inundó.

Para Isabel Zuleta, socióloga e investigadora y vocera de Ríos Vivos, una asociación que agremia a organizaciones campesinas y víctimas de la zona de influencia de Hidroituango, bajo las aguas de la represa y las zonas que la construcción afectó deben estar enterrados parte de los 3.101 desaparecidos que se denunciaron en Fiscalía entre 1985 y 2018 en los municipios de los departamentos de Antioquia, Sucre, Córdoba y Bolívar que para ellos son afectados por el proyecto.

Otras cifras tienen el Centro Nacional de Memoria Histórica, para el cual entre 1958 y 2018 se presentaron 110 masacres y 2.435 personas desaparecidas en los municipios de la zona de influencia de Hidroituango, entre ellos: Santafé de Antioquia, Liborina, Olaya, Buriticá, Sabanalarga, Peque, Toledo, Briceño, San Andrés de Cuerquia, Yarumal, Ituango, Valdivia, Tarazá, Cáceres, Briceño, Caucasia y Nechí, en Antioquia.

Según las agremiaciones de víctimas, en medio de las confrontaciones entre los frentes 18, 36 y 5 de las Farc, los bloques Mineros y Metro de los paramilitares, el Ejército y la Policía un gran número de las víctimas fueron arrojadas en el cañón del río Cauca y navegaban rio abajo hasta ser encontradas por pescadores o lugareños. Esos cuerpos dicen los habitantes de las regiones, fueron enterrados en los cementerios de la región, un gran número en fosas comunes y sin identificar.

Frente al manejo de los cementerios oficiales que EPM, entonces en cabeza de Jorge Londoño, trasladó con autorización de la Fiscalía en tiempos de Néstor Humberto Martínez, para empezar obras de la represa, también se ha encontrado irregularidades que complicarían aún más el proyecto de EPM y que también podría llegar a merecer medidas cautelares contra el megaproyecto.

Para poder trasladar los cuerpos de los cementerios que serían inundados, los restos que allí reposaban no deberían estar relacionados con el conflicto armado ni ser personas sin identificar. En la primera audiencia con la JEP, en octubre de 2019, Londoño, en nombre de EPM, aseguró que los cuerpos de los cementerios Barbacoas, La Fortuna y Orobajo no correspondían a víctimas del conflicto y lo volvió a asegurar el pasado 6 de mayo de 2020 frente al Instituto Popular de Capacitación (IPC), una institución de investigación social.

Según las reporterías e investigaciones del IPC, decenas de mineros que se reunían a orillas del Cauca a barequear —buscar oro en el río de forma artesanal— contaron que ellos enterraron en los cementerios en mención y en las riberas del río, que fueron inundados por Hidroituango, varios muertos que bajaban con la corriente del Cauca, desmintiendo lo afirmado por EPM.

La prueba fáctica para sustentar el señalamiento la encontró la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial de Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, el pasado 12 de marzo. Dentro de los restos exhumados por solicitud de EPM en 2017 del cementerio de Orobajo, hallaron tres cuerpos sin identificar con impactos de arma de fuego en el cráneo. Los cuerpos permanecen en el laboratorio de Osteología Antropológica de la Universidad de Antioquia, entidad que realizó la exhumación de los cadáveres.

Como parte de la reparación a las víctimas, así como el garantizar su derecho a conocer la verdad de lo que pasó con sus desaparecidos en medio del conflicto en esta región del país, EPM está obligada a entregar a la JEP toda la información pertinente de cómo se llevó adelante el traslado de 349 cadáveres de los cementerios Barbacoas, La Fortuna y Orobajo.

Según las familias de las víctimas y los campesinos de la zona, lo más seguro es que debajo de la presa y de los lugares que este proyecto inundó haya decenas de fosas comunes repletas de cuerpos no identificados que sus deudos quieren enterrar, además de avanzar en poder nombrar a quiénes los asesinaron, para que haya justicia.

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