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El capital no descansa nunca. Está constantemente ideando nuevas formas de explotación para maximizar sus beneficios. Y lo hace, como siempre, a costa de la clase trabajadora. Buen ejemplo de ello son las llamadas “dark kitchen” o “cocinas fantasma”, un nuevo modelo de negocio que está desembarcando con fuerza en España y que consiste en instalar grandes cocinas industriales dedicadas exclusivamente a la producción de comida para su reparto a domicilio.

La irrupción de este nuevo modelo de negocio ha puesto en pie de guerra al movimiento vecinal. No solo por las molestias que pueden ocasionar los olores, los ruidos, los humos, la ausencia de horarios comerciales o el vaivén de bicicletas y motos que reparten. Otro de los aspectos que preocupa, y mucho, es la precariedad que hay detrás de todo esto.

¿Quién hay detrás?

Por lo general, detrás de este tipo de cocinas se encuentran las grandes empresas de reparto como DeliverooGlovoUber Eats o Just Eat, quienes ahora quieren controlar toda la cadena de negocio, desde la producción hasta el reparto de la comida. Y para ello, estas “start ups” del sector “delivery” han creado sus filiales. Deliveroo, por ejemplo, tiene “Editions” [1]; Glovo compró “Instamaki” [2] y Travis Kalanick, uno de los fundadores de Uber, ha creado “Cooklane” [3].

Estas empresas han sido denunciadas en reiteradas ocasiones por los sindicatos por tener a sus trabajadores como falsos autónomos y por lo tanto sin legislación laboral que los proteja [4]. En septiembre de 2020, el Tribunal Supremo admitió que los repartidores operan como falsos autónomos y que en realidad son trabajadores asalariados. La sentencia contra la compañía Glovo afirmaba que esta empresa no actúa como “mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y repartidores” y que es la que fija “las condiciones esenciales para la prestación del servicio”. Además, asegura que Glovo se sirve de repartidores que no tienen una organización empresarial “propia y autónoma” [5].

Este es el método que usa el capital para implantar el “trabajo bajo demanda”. El llamado “coworking” o “economía colaborativa” supone, en definitiva, un mayor grado de explotación: trabajo temporal, peor pagado y con menos derechos.

Vecinos en pie de guerra

En Barcelona, los vecinos y vecinas del barrio de Sant Martí han alzado su voz contra las “dark kitchen”. En una nave de 565 metros cuadrados adyacente al mercado quieren instalar 20 cocinas industriales. Al enterarse comenzaron a correr la voz y a organizarse colectivamente [6]. En el barrio de Les Corts el vecindario también está tratando de poner freno a 40 cocinas repartidas en dos plantas que suman 1.500 metros cuadrados [7]. Detrás de estos proyectos se encuentra la compañía británica Cooklane, de Travis Kalanick, fundador de Uber, y que también está construyendo otra cocina fantasma en el madrileño barrio de La Prosperidad donde cuenta con un amplio rechazo por parte de los residentes [8].

En todas estas obras los ayuntamientos de Barcelona y Madrid han concedido la licencia argumentando que dichos proyectos se “ajustan a la normativa vigente”. Sobre las molestias que pueden ocasionar decenas de hornos encendidos las 24 horas del día, chimeneas con alturas de hasta siete pisos y el ajetreo constante de cientos de vehículos, parece que la administración no tiene nada que decir. Y sobre la precariedad laboral que se deriva de todo ello tampoco. Hace unas semanas, el Regidor de Sant Martí, David Escudé (PSC), afirmaba en una rueda de prensa que no es competencia del Ayuntamiento de Barcelona “valorar si un negocio es legítimo o no” [9]. Pues claro que lo es. Y también la de intervenir la economía si es necesario por el bienestar de la ciudadanía y de la clase trabajadora. Y más un Ayuntamiento que dice fomentar el “comercio de barrio y proximidad”.

En este sentido, la organización de los vecinos y vecinas está siendo clave. En Barcelona, las concentraciones de protesta, las caceroladas y las asambleas que se han llevado a cabo hasta ahora han forzado al Ayuntamiento a tirar adelante una ordenanza municipal para regular esta actividad. Así lo ha confirmado la teniente de alcalde Janet Sanz [10]. Sin embargo, esta es una lucha que no ha hecho más que empezar. El movimiento vecinal se enfrenta a grandes corporaciones sin escrúpulos y con enormes intereses económicos que no dudarán en presionar y corromper al poder político para alcanzar sus objetivos de mercado. Y solo la conciencia y la organización lograrán poner freno a esta nueva amenaza.

Oriol Sabata / Fuente