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Como ha pasado con parte del Estado en los últimos 30 años, el narcotráfico se apoderó de la protesta social y tomó el control de ésta hasta disolverla. El primer error fue querer ocultarlo y desconocer su poder, negando la existencia del problema o simplemente no prestándole la atención que se merecía, pues ni en el pliego de peticiones de emergencia del Comité Nacional del Paro y tampoco en las reivindicaciones de los marchantes, tenían análisis o demandas específicas sobre la política de drogas prohibicionista que vive Colombia.

La política de drogas no aparece como un tema central de debate, pese a que en el paro de noviembre del año 2019, la coalición de Acciones Para El Cambio Hacia una Política de Drogas más Efectiva, había entregado al Comité Nacional de Paro un documento titulado “Cumplimiento al punto 4 del acuerdo de paz.Solución al problema de las drogas ilícitas” como un insumo para que el tema de drogas fuera incluido en las reivindicaciones del paro. El primer error fue negar la dimensión del problema.

Al igual que muchas otras iniciativas o puntos de debate que no eran de interés del Comité Nacional de Paro, este documento quedó en las carpetas de los asistentes de la reunión y nunca se integró a las propuestas estructurales de la movilización. Frente a este negacionismo, las drogas empezaron a tomar su lugar por la puerta de atrás como saben hacerlo.  En las manifestaciones del 9 y 10 de septiembre de 2020 en Bogotá por la muerte de Javier Ordoñez, la Secretaria de Gobierno y la Secretaría de Seguridad de Bogotá, descubrieron que uno de los principales antecedentes de conflicto entre la policía y los jóvenes, eran los atropellos derivados de los comparendos por porte y consumo de la dosis mínima, que se derivan del Código de Policía del año 2016 y el decreto 1844 de 2018 de Iván Duque. Un decreto que prohibía el porte y consumo de la dosis mínima en el espacio público, algo totalmente inconstitucional como meses después lo ratificó la Corte Constitucional en abril de 2019y el Consejo de Estado en junio de 2020. El daño ya estaba hecho y el conflicto latente.

Esta situación fue confirmada por el informe “Bolillo, Dios y Patria” de la ONG Temblores que constató -con datos oficiales-, que el primer factor de “hechos de violencia física cometidos por la Policía Nacional entre 2017 y 2019 según factor de vulnerabilidad” fueron “las personas usuarias de drogas” con 3.214 casos, superando en más del doble a “los negros, palenqueros y raizales” que con 1.492 casos ocupaban el segundo puesto. De la misma manera, se indicó que en el segundo lugar de “Violencia física contra mujeres según factor de vulnerabilidad” estaban las “usuarias de drogas” con 344 casos. Fue así como la negación de la política de drogas por parte del paro nacional y los manifestantes, asociado a los abusos derivados del prohibicionismo inconstitucional que quiso imponer Iván Duque con su llegada a la presidencia, se convirtieron en un ingrediente más de las manifestaciones que iniciaron el 28 de abril de 2021 y que aún no paran.

Como en toda manifestación y movilización social de jóvenes el alcohol, la marihuana, “los papelitos”,  y otras sustancias, empezaron a hacer presencia cada vez más fuerte en las movilizaciones y bloqueos desde el 28 de abril. Mientras las personas expendedoras de alcohol barato de mala calidad, drogas y medicamentos sin prescripción, empezaban a hacer su agosto, otros manifestantes denunciaban con volantes y en las redes sociales que “el paro no era para farrear” y hasta señalaban a las personas consumidoras como incoherentes, pues consideraban que consumir sustancias en la movilización, era de alguna manera “financiar el NarcoEstado”contra el que muchos manifestantes estaban luchando.  Por falta de control de la policía, autorregulación de las personas consumidoras y capacidad de los lideres de la protesta por evitarlo, los puntos de concentración se convirtieron en un peligrosa “farra” con manifestantes embriagados  y un lugar incomodo e inseguro para muchas personas que dejaron de asistir paulatinamente por esta situación. Esto sin profundizar en el consumo de drogas en la fuerza publica y especialmente los agentes del ESMAD, un tema del que poco se habla por ser casi un secreto de estado, pero que día a día salen a flote los testimonios de agentes, familiares y expolicias sobre una práctica cada vez más recurrente.

En Cali se vieron las dos caras de la moneda en la misma semana. Mientras una de las chivas de la minga indígena era retenida entrando a Cali por llevar 30 kilos de marihuana y las autoridades del CRIC decían que era un “Falso Positivo”; en el barrio Ciudad Jardín de Cali “gente de bien” en camionetas blancas de alta gama, salían a disparar a los manifestantes con acompañamiento de la fuerza publica, en un claro ejemplo de convivencia entre el narcoparamilitarismo y policía como ha sido demostrado en muchas ocasionasen los últimos 30 años. Las redes sociales no tardaron en estigmatizar de Narco-Barrio a Ciudad Jardín y de narcotraficantes a los que allí viven.  Para nadie es un secreto que los principales cultivos de marihuana ilegal en Colombia están en el norte del departamento del Cauca y los municipios con dominio de comunidad indígenas, para nadie es un secreto que el barrio Ciudad Jardín de Cali, es uno de los barrios con mayor numero de bienes inmuebles expropiados y en extinción de dominio a la mafia en esta ciudad.

En Pereira el asesinato de Lucas Villa no solo generó un profundo desconcierto entre los manifestantes de todo el país, sino que con los días ha tomado fuerza la hipótesis de una alianza entre fuerza pública y la banda criminal “La Cordillera” como responsables de su asesinato, pues bloquear el viaducto entre Pereira y Dosquebradas, no solo obstaculizaba el paso de vehículos, sino el movimiento de drogas desde y hacia el sitio de venta y consumo de heroína más grande y popular del eje cafetero ubicado en el barrio guadualito de Dosquebradas.

En ciudades como Bogotá, las principales zonas de concentración se fueron convirtiendo en focos de venta y consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales, especialmente en las noches, donde estructuras criminales aledañas a estos puntos de encuentro tomaron control sin que los manifestantes pudieran hacer nada frente a la violencia y la amenaza. Este hecho ha sido aprovechado por los medios de comunicación y las autoridades nacionales y locales para estigmatizar y deslegitimar la movilización social. Las organizaciones sociales, jóvenes y grupos comunitarios hicieron publica esta situación, pero ya era demasiado tarde, el narcotráfico -como con el Estado- ya había tomado el control y con fuerza, violencia, ejército, corrupción e intimidación han marcando el ritmo de la manifestación nocturna desde hace varias semanas. Si logran comprobar que grupos como el ELN o las disidencias de las FARC filtraron las movilizaciones sociales para crear mas caos y violencia, no hay razón para para no pensar que esta logística fue financiada por los dineros del mercado ilegal de la droga. Con esta situación, para las autoridades fue mucho más fácil reforzar su narrativa de vandalismo, y encontrar apoyo en la opinión pública para una intervención policial de fuerza sobre delincuentes y no un diálogo con manifestantes.

El martes 15 de junio un atentado con carro bomba a una base militar en la ciudad de Cúcuta copó los medios de comunicación y la atención del país, las autoridades no tardaron en señalar una alianza entre el ELN y “narcoterroristas” como autores de la acción. El viernes 25 de junio hubo disparos contra el helicóptero presidencial en la misma región del país, donde las autoridades volvieron a insinuar como culpables al narcotráfico y desviar definitivamente la atención del paro nacional y sus reivindicaciones. Entre el COVID y los atentados, el paro había desaparecido completamente de la agenda informativa del país.

Fue así como el narcotráfico se tomó y disolvió la protesta social en Colombia, así como lo ha hecho matando lideres sociales en los campos colombianos en los últimos 3 años. Más allá de haber tumbado la reforma tributaria y la reforma a la salud, el paro nacional no logró cambios estructurales o al menos sentar al gobierno nacional en una mesa de negociaciones.  Mientras tanto el narcotráfico, desde el consumo hasta el trafico, se tomó la agenda de la movilización y fue coptándola hasta disolverla sin que nadie pudiera hacer nada, o mejor dicho, donde los más interesados en que la prohibición se mantenga, lo usaron para que el paro fuera derrotado y desdibujado.

Los marchantes y sindicalistas deben dejar de pensar que el tema de drogas se reduce a unos muchachos fumando en una esquina o la muerte de lidere sociales en los campos colombianos. Mientras la política de drogas no esté en el centro del debate de las transformaciones profundas de este país, los narcos seguirán teniendo el control de la situación. Para  el futuro, es fundamental que la reforma de las políticas de drogas, la reducción de daños y la regulación de los mercados de drogas, estén en el centro del debate electoral que se avecina en Colombia, así como de las próximas manifestaciones, movilizaciones y paros, que por ser disueltas y no resultas, volverán a levantarse más rápido de lo que pensamos.

Fuente

por Julián Quintero